La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a 635 víctimas de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio, las cuales han mostrado interés en participar en proceso judicial que se desarrolla la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Esta sala ha llamado a rendir versión a 62 comparecientes: 35 exintegrantes de las FARC y 27 integrantes de la fuerza pública.

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Desde que la JEP abrió el Caso 11, en septiembre de 2023, la magistratura ha implementado mecanismos de confidencialidad, seguridad y acompañamiento especializado para garantizar la participación de las víctimas. Por más de 50 años, los crímenes basados en el género en el conflicto armado enfrentaron graves barreras para su denuncia e investigación, lo que refuerza la importancia de proteger los relatos de las víctimas y asegurar condiciones dignas para su declaración ante la JEP. 

Para investigar los crímenes, el Caso 11 se divide en tres subcasos: el primero examina hechos atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc-EP contra la población civil; el segundo analiza conductas cometidas por integrantes de la fuerza pública contra civiles; y el tercero aborda hechos ocurridos al interior de las propias filas, tanto de las FARC como de la fuerza pública. De esta forma, la investigación permite establecer de manera diferenciada las máximas responsabilidades de los distintos actores.

Actualmente, en el Subcaso 1 del Caso 11, a cargo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, se investigan hechos documentados de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio contra población civil durante el conflicto armado atribuidos a distintos bloques de las extintas Farc-EP por estos crímenes.

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En el Subcaso 2, que lleva el magistrado Óscar Parra Vera, se avanza en la construcción de un Universo Provisional de Hechos, es decir, una primera delimitación de víctimas y hechos de violencias de género cometidas por integrantes de la fuerza pública, a partir del análisis de los informes entregados por sociedad civil, revisión de expedientes y mediante diligencias de contrastación de información, las cuales se han adelantado en Putumayo, Montes de María y con colectivos de hombres víctimas.

En el Subcaso 3, liderado por la magistrada Lily Rueda Guzmán, se han realizado diligencias de escucha directa con víctimas y se adelantan gestiones con entidades nacionales para documentar violencias de género cometidas al interior de la fuerza pública y de las Farc-EP. 

La JEP ha llamado a 62 comparecientes a rendir versión voluntaria por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género documentados en el Caso 11. De ellos, 27 son integrantes de la fuerza pública.

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También han sido llamados 35 exintegrantes de las Farc-EP, pertenecientes a distintos a los antiguos Comando Conjunto Central, Bloque Occidental, Bloque Noroccidental, Bloque Magdalena Medio y Bloque Caribe, quienes deberán responder por hechos de violencia sexual, reproductiva, por prejuicio y otras formas de violencia basada en género, cometidos por sus respectivas estructuras de las FARC contra población civil.